Tijuana, B.C. – La industria de los corridos nuevamente se encuentra en el centro de la polémica después de que el cantante Gerardo Ortiz se declarara culpable en una corte de Estados Unidos por conspiración para violar la Ley Kingpin, una legislación que sanciona a individuos que realizan negocios con narcotraficantes extranjeros.
De acuerdo con documentos judiciales, Ortiz admitió haber dado al menos seis conciertos en México bajo la organización de Jesús “Chucho” Pérez Alvear, un promotor musical vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A pesar de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Pérez Alvear en 2018, Ortiz continuó trabajando con él, lo que lo llevó a enfrentar cargos en EE.UU.
Este caso ha generado un debate sobre la relación entre el narcotráfico y la música regional mexicana, particularmente los llamados “narcocorridos”. En Tijuana, ciudad con una gran tradición en este género, la noticia ha causado impacto entre los seguidores del artista. “Es algo que todos sabemos que pasa, pero nunca habíamos visto que realmente tomaran acciones legales contra un cantante de su nivel”, comentó Carlos Méndez, un aficionado a la música de Ortiz.
La declaración de culpabilidad de Ortiz también ha salpicado a Ángel del Villar, exdirector de DEL Records, quien enfrenta un proceso judicial en Los Ángeles por delitos relacionados con el mismo promotor. Según fuentes cercanas al caso, Ortiz podría recibir una sentencia reducida si colabora con las autoridades en la investigación.
La decisión de la justicia estadounidense podría marcar un precedente en la persecución de músicos con presuntos vínculos con el crimen organizado. Mientras tanto, el futuro de Ortiz en la música queda en incertidumbre.
